Declaración académica frente a la crisis de “Alma Mater”
El prestigio de las Instituciones de Educación Superior ante la Sociedad está fundado en su idoneidad política para gestionar democráticamente la apropiación social de los conocimientos de las ciencias, con los cuales dinamizar culturas deliberantes orientadas por filosofías prácticas para la vivencia de un acontecer social participativo y con valores democráticos, gestor de su propio desarrollo social y de su crecimiento productivo, tal como lo postula la utopía constitucional colombiana de 1.991.
Del desempeño idóneo de la Academia en la formación de las conciencias histórica y estética emerge su prestigio, esto es, el reconocimiento de su autoridad; una autoridad fundada en el conocimiento, adquirida, ganada por merecimiento de una imagen institucional forjada en la actuación política que la institución tenga en su medio: “se concede autoridad al superior básicamente porque tiene una visión más amplia o está más consagrado, esto es, porque sabe más” (Gadamer, Hans Georg. Verdad y Método; Ed. Sígueme. Salamanca. 2.005).
No se trata por consiguiente de una “autoridad” o “prestigio” otorgado por el poder político de la contratación emergido del pretexto neoliberal de la ineficiencia del Estado que arguye la necesidad de comprimirlo a sus mínimas proporciones, reduciendo sus funciones a las estrictamente represivas (Estado policíaco), postulando la capacidad administrativa superior del sector privado sobre el público, desde la cual “legitima” la necesidad de reservar a la empresa privada no sólo el monopolio de la producción e intermediación económica, si no, además la satisfacción de demandas sociales como educación, salud y cultura.
Política cuyo resultado en Colombia, a dos décadas de su implementación, ha sido la demostración de la incapacidad de la empresa privada para satisfacer estas demandas así como la del Estado para suplirlas, incluso hasta para supervisar su cumplimento. Entidades como “Alma Mater” permiten contextualizar el fenómeno.
Sin duda, la actuación práctica de la Corporación “Alma Mater” (contratando con el Estado la prestación de toda clase de servicios ajenos a la naturaleza académica de una Red de universidades oficiales y sin tener la experticia para ello) se apoya legalmente en el marco de las “garantías jurídicas a la inversión privada” que legislaron las mayorías parlamentarias del Estado colombiano para contratar con particulares los servicios que desde su función pública son responsabilidad del Estado.
Perspectiva que pone de manifiesto la necesidad de cuestionar el supuesto de que la verdad (de cualquier tipo) en una democracia es determinada por la mayoría. Verdad que además de ser variable según las diversas tendencias políticas o culturales de los que hacen las mayorías, niega la existencia de algún mínimo moral con fuerza orientativa de la acción política; lo que lleva a que las convicciones humanas sean instrumentalizadas para fines de poder no siempre confesables, como el ánimo de lucro.
Ausencia de un mínimo moral que llevó a los agentes de “Alma Mater” (un grupo de antiguos izquierdistas que terminaron de áulicos del neoliberalismo) a actuar apoyados en la verdad legal de las mayorías parlamentarias manifiesta en la ley de garantías jurídicas a la inversión privada. Empero esta actuación, por legal que sea, no se legitima políticamente por la sociedad, por cuanto al subcontratar los servicios prestados con empresas que hagan lo que no sabe hacer, “Alma Mater” se coloca no sólo en una intermediación parasítica, que no aporta nada al cumplimiento de las demandas sociales, sino que instituye la evasión de la responsabilidad pública al incumplimiento de las funciones privadas. Esta Corporación traspasa así impunemente no sólo los límites de la moralidad sino incluso los de la propia legalidad, asida a la legalidad política ilegítima de las mayorías parlamentarias para una acumulación espuria de capital financiero desde los dineros públicos sin aportar capital ni recursos privados.
Legalizada la intermediación de la función del Estado en una “tercerización” que “engorda” una burocracia parasita, que no aporta nada sino que por el contrario sustrae los recursos productivos de la sociedad para su beneficio privado, la sociedad asiste pasiva a una auténtica “privatización de la corrupción” que corre paralela con la pública.
Pasividad que lleva a detectar otro problema, el de la apatía política y el desinterés ciudadano por los problemas de la administración de los intereses públicos que no atañen directamente a su bolsillo.
La sociedad no puede seguir siendo reducida a participar en las cíclicas votaciones para elegir gobernantes o constituir parlamentos, asambleas y concejos. La democracia exige de los ciudadanos el compromiso moral de seguir de cerca las tomas de decisiones provenientes de las instancias de poder, hasta el punto de servirse de la “desobediencia civil”, si fuese necesario, o de la expresión de opiniones críticas como la contenida en esta Declaración, como medio político para suscitar mayor conciencia pública de la necesidad de modificar las leyes y políticas consideradas ilegítimas, y de implementar otras que trasciendan de la prédica moral, al castigo efectivo de los corruptos, acrecentando, por vía de la deliberación pública de los asuntos públicos, su implicación personal en la vida política.
Ausencia de implicación personal en la vida política local que animó a “Alma Mater” y a las directivas de Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), a partir de la hipertrofia burocrática de la contratación paralela generada y su transformación en una especie de “supraestado”, a desarrollar una alta capacidad de movilizar a mucha gente hacia la politiquería y por lo tanto al mantenimiento del statu quo empotrado en sus respectivas direcciones. Apatía que permitió no sólo que soslayaran la voluntad de ejercer la función crítica propia de la academia sino que sometieran el pensamiento crítico cuando este emergió en los escenarios de la construcción social de la realidad regional. De hecho, no son pocos los intelectuales que renunciaron a su función de proveer a la sociedad una visión crítica sobre sí misma, a cambio de prebendas y prestigio, ni tampoco pocos los que han sido invisibilizados desde el ejercicio del poder sectario y excluyente.
Instituida sobre un talento dócil y proclive al facilismo del dinero, “Alma Mater” académicamente carece de prestigio, puesto que lo que produce está falto de rigor y credibilidad. No es un referente académico de la región; tampoco hace contratación pública ni mucho menos ciencia. “Alma Mater”, simplemente, es una maquiladora del conocimiento para la intermediación financiera. Deshonra la academia regional de la cual proviene, no por haber tenido en sus manos buena parte de los recursos destinados a la investigación científica para la extensión de servicios de ciencia, tecnología e innovación y la apropiación social del conocimiento, si no por no haber logrado consolidar un equipo de investigadores serios ni labrarse un prestigio como institución del conocimiento en la región. Sus ejercicios están demasiado instrumentalizados por la política y sus funcionarios demasiado comprometidos con el poder, de manera que no lograron conservar la necesaria distancia que caracteriza al verdadero ejercicio científico en su compromiso con la verdad de una racionalidad “conforme a valores” y no instrumental a través de la formación de la conciencia estética e histórica de la sociedad en su conjunto.
Prevalencia del interés particular por los bienes monetarios privados equivalente a “éxito”, primado de la “racionalidad instrumental” que como observa Max Weber, hace equivalente la racionalidad “conforme a objetivos” o racionalidad “estratégica” a “éxito”, “resultado”, y no se refiere a racionalidad final o “teleológica” de carácter aristotélico. Por lo que en las sociedades desarrolladas ésta llega a ser predominante en la misma proporción en que los avances científicos y tecnológicos (van) impulsando un “desencantamiento del mundo” que implica a su vez el olvido de la racionalidad “conforme a valores” (FCE, México, 1.974).
Crisis de indiferencia por una racionalidad “conforme a valores” que al convertir a “Alma Mater” en organización maquiladora del conocimiento en procura de su éxito financiero, involucra no solo a la estructura directiva de esta ONG, sino también a las Directivas de la UTP, no sólo por el hecho de que la política de priorización de los proyectos de la “Red de Nodos” y de la “Movilización Social por una Economía del Conocimiento” impuesta por la UTP (fabricando “mayorías democráticas” en los espacios de participación institucional del Comité Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación) esté basada en los mismos presupuestos maquiladores del conocimiento que llevaron a la crisis a “Alma Mater”, sino también porque quien funge como representante legal de la ONG lo es a la vez de la UTP, unicidad que impide sustraer a la universidad de la crisis del conjunto.
Al mejor estilo de Maquiavelo presentan las directivas de la UTP un doble patrón de moralidad. Pregonan en público la ética del “todos ganamos socialmente” con la “Red de Nodos de innovación tecnológica” y el proyecto de “Movilización Social por una Economía del Conocimiento”, mientras en privado se muestra indiferente a la moralidad predicada de la agregación de valor social, puesto que sólo les interesa el lucro financiero. Comportamiento institucional consonante con una política económica inspirada exclusiva y excluyentemente en la racionalidad instrumental (es decir, en el convencimiento de que los problemas socio económicos han de ser resueltos mediante procedimientos técnicos), única inspiradora de la política social, omisiva además de todas las consideraciones éticas. Excepto en el terreno de su simulación.
Arrinconada la concepción constitucional de la democracia participativa y con valores democráticos para institucionalizar, por vía de la deliberación pública, la defensa y realización de los derechos humanos, se asume la democracia como mero “método” de resolución de conflictos de intereses, desnaturalizando los espacios de participación democrática por mecanismos burocráticos que sofocan la inspiración moral constitucional de la democracia participativa, reduciendo la democracia al cumplimiento del formalismo legal y administrativo del que se ufanan la ONG “Alma Mater” y la UTP, radicalmente ajeno a una racionalidad “conforme a valores”.
El reto: El camino de la construcción de la democracia constitucional.
La crisis de los universales de la economía del conocimiento, entre ellos, la pretensión espuria de creer que la educación superior es para formar exclusiva y excluyentemente profesionales productores de bienes económicos y no personas humanas capaces de producir también bienes espirituales y sociales, remite a considerar las tres deficiencias principales descritas que se han desarrollado en el seno de la democracia colombiana, cuyo rasgo común es haber marginado socialmente los principios constitucionales inspirados por la declaración de los derechos humanos.
Por esta razón, nuestra causa presente, como sujetos morales, remite a construir participativamente la democracia constitucional encubierta por la racionalidad instrumental neoliberal, concentrándonos en la forma de intervenir las tres amenazas de la democracia constitucional: el relativismo moral de la democracia liberal de las mayorías, la apatía política y la racionalidad instrumental. Que en nuestro contexto regional si bien amenazaron la oportunidad de desarrollar y fortalecer nuestra capacidad institucional no lograron vulnerarla por completo, debiendo reinventarnos desde nuestra voluntad de poderío recreador de condiciones desde la lección aprendida, clamando a su vez, no por una prédica moral frente una dirigencia desnaturalizada y cínica, sino por su castigo legal y legítimo.