El pasado viernes 25 de noviembre de 2011, el honorable Consejo Superior Universitario realiza por quinta vez la designación automática del rector de la UTP, eso sí enclavando su permanencia en la institución meses antes, donde aprobaron su retiro forzoso a los 75 años. Retiro forzoso que el mismo rector, con su régimen dictatorial, exigió para muchos trabajadores y docentes al llegar a los 65 años de edad (como lo dicta la ley).
El señor rector reelecto y su Consejo Superior replican en la universidad lo que hace la politiquería central en el país. Nuestra universidad es un simple fortín político de los poderes regionales y locales en cabeza de su cúpula administrativa.
La realización de un Estado social y democrático de derecho, participativo y pluralista, se vuelve cada vez más ambiguo y difuso en nuestra universidad, cuando el uso de los postulados y pilares de democracia participativa y el uso de la autonomía universitaria, que le fijaron un nuevo aire a esta sociedad, hoy en día se torna en ficción.
La realidad es desalentadora, en cuanto a la misión histórica de la universidad, pues se deja entrever, que la institución está cada día en decadencia debido a ese manejo clientelista, de que es objeto y es el personal administrativo un simple eslabón más de trabajo que desafortunadamente no ha sido tenido en cuenta por esta administración y que al contrario han atropellado con la implementación de sus macabros modelos de contratación, ordenes de prestación de servicio (OPS), administradoras de nómina y outsoursing, que no brindan ningún tipo de garantías laborales ni de estabilidad para los trabajadores.
Política privatizadora para acabar con la planta de personal como ya lo hizo con la supresión de 30 cargos vacantes de trabajadores oficiales, violando la convención colectiva de trabajo y desconociendo la jurisprudencia referente al tema de tercerización laboral, muestra de esto es el incumplimiento que se le viene dando a la sentencia C614 de 2009, donde se deben nombrar a todo el personal que lleva años cumpliendo funciones de carácter permanente y que en estos momentos se encuentran con contratos híbridos que no tienen ninguna fundamentación legal, además al acto legislativo 04 de 2011 referente a los cargos en provisionalidad del sector público es ignorado por esta administración.
Se destaca además un Proyecto de carrera administrativa poco objetivo que no beneficia en nada a la actual planta de personal transitorio.
Señor rector no mas atropellos contra los trabajadores como es el caso de los 18 empleados con más años de servicio a la institución, a quienes les fue desconocido sus logros prestacionales; no más escándalos de corrupción con la red Alma Mater que le quita prestigio y credibilidad a la UTP, no más primas técnicas y prebendas para su cúpula administrativa, no más mentiras para la comunidad risaraldense
Es necesario aclarar que la Carta Magna del 91 a diferencia de la anterior persigue como objetivo principal desarrollar la democracia participativa, bajo el marco de la Autonomía Universitaria de la que gozan las universidades públicas, y que por lo tanto, cualquier mecanismo electoral que niegue la participación de las comunidades académicas en la elección de sus máximas directivas al interior de las universidad, especialmente rectores y representantes estamentarios, es a la vez una negación de los principios constitucionales de participación ciudadana.
En este sentido se evidencia el retroceso de la democracia participativa en cuanto al mecanismo de elección de rector en nuestra universidad.
VIVA LA UNIDAD DE ESTUDIANTES TRABAJADORES Y PROFESORES EN LA UTP.
“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA EL FUTURO ES NUESTRO” CHE