Una deuda pendiente
Acaban de reelegirme como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira para un nuevo periodo de tres años, hecho que agradezco por lo que significa en términos de reconocimiento a una labor de 12 años, que no es mía; es el resultado de un equipo de trabajo comprometido y eficiente, donde apenas yo ejerzo como cabeza visible.
Agradezco el despliegue favorable de los medios de comunicación para registrar la noticia y las múltiples manifestaciones de felicitación recibidas a partir del viernes, día de la elección.
Soy consciente de la enorme responsabilidad que me entrega el Consejo Superior en una muestra de confianza que me honra y compromete. No en vano la Universidad está decidida a ser factor de transformación social, incidiendo junto a otros actores en el progreso de la región. Ello es más fácil proclamarlo que hacerlo realidad. Sin embargo, creo fervientemente que estamos en la ruta correcta, acompañados de excelentes coequiperos para llegar a metas cada vez más ambiciosas.
No puedo ignorar que para algunos sectores en el interior de la Universidad la noticia produce desencanto; un mandato tan lleno de cambios y rupturas, provoca resistencias inevitables aunque espero no irremediables. Me anima la mejor intención de rehacer relaciones y buscar acuerdos de trabajo para hacer posible que toda la capacidad Institucional actúe en la dirección de aportar creadora y constructivamente a la sociedad.
En el campo de la política de la Educación Superior hay que aceptar que estamos atravesando por un periodo de especial importancia; la tarea de construir entre todos una nueva ley nos impone la obligación de participar y coadyuvar desde nuestra experiencia y visión arrimándole esfuerzos a la gran tarea. Aquí nadie tiene la última palabra; hay más reclamos que propuestas específicas y por consiguiente espacio para la actuación propositiva.
Dentro de la Universidad tenemos muchas debilidades; el ser reconocido por hacer una buena gestión no significa que todo esté bien, hay muchas cosas para mejorar y resolver. Una de ellas, que ha cobrado vigencia a raíz del conflicto, son los sistemas de contratación de los servidores y muy en particular de los docentes. La vinculación de profesores bajo la modalidad de contratos a término por periodos académicos, si bien se soporta en la ley, no es lo que conviene a la Academia y configura una discriminación que debe intervenirse. Es el resultado de la desfinanciarían de la Universidad Publica que tantas veces hemos explicado.
Hemos tratado de acercar el régimen de los transitorios al de los de planta tanto como se ha podido; a diferencia del pasado, hoy tienen ciudadanía política, pueden elegir y ser elegidos en las elecciones Universitarias, pueden hacer investigación, reciben apoyo para formación posgraduada, se les apoya para el cubrimiento en salud durante los recesos entre contratos, se les remunera de acuerdo a puntos en el escalafón, y se les amplio el número de semanas en los contratos, entre otros beneficios.
Pero claro, no es suficiente; tienen el derecho a aspirar a concursar para acceder a la planta docente, a tener comisiones de estudio, sabáticos, y el conjunto de prestaciones que tienen los docentes de planta. Sobre todo, la estabilidad.
Es mi intención seguir trabajando en la dirección de favorecer los docentes contratistas, en particular creando planta y aumentando beneficios, naturalmente con el apoyo del Consejo Superior, que es solidario con esta visión.
El conflicto actual que no ha cesado, más bien está suspendido, volvió estos docentes víctimas del conflicto; estamos en deuda con ellos.
Esta columna también la puede encontrar en La Tarde