El próximo 31 de diciembre se termina el actual período del rector Luis Enrique Arango Jiménez, de cuatro en que ha estado al frente de la administración de la Universidad Tecnológica de Pereira –UTP-.

El Consejo Superior de la Universidad no ha realizado convocatoria pública alguna para que se presenten a concurso quienes, cumpliendo las calidades para ocupar el cargo, hagan conocer sus aspiraciones, presenten sus hojas de vida y propuestas de trabajo y, mediante un proceso transparente, de cara y con la participación de la comunidad académica, se proceda a designar, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, a quien reúna las mejores condiciones y ofrezca una propuesta de trabajo que sea la más deseable para el desarrollo armónico de la institución, en procura del cumplimiento de los fines y metas definidos por su misión y en consonancia con su función social. Sin embargo, dentro de los puntos a tratar en la reunión del próximo viernes 25 de noviembre, aparece la elección de rector.

Es bueno recordar que el fundamento con base en el cual se ejerce el derecho a designar el rector es la autonomía universitaria. Esta prerrogativa que concede el Estado “a las comunidades académicas organizadas como universidades” según la cual “Las universidades podrán darse sus directivas” (Art. 69 de la CPC), viene siendo vulnerada en la UTP, donde mediante un ejercicio absolutista y autocrático del poder, se pisotean los derechos de esa “comunidad académica”, núcleo fundamental de la esencia universitaria y la “autonomía” ha sido confiscada por quienes se autoerigen en sus depositarios, el Consejo Superior, para abusar en forma reiterada de ella.

La decisión tomada por ese Consejo Superior, mediante el acuerdo No. 20 del 1 de junio de 2011, en el sentido de extender al rector una prerrogativa exclusiva de los docentes, que se había negado persistente y sistemáticamente por la administración universitaria a éstos, para eliminar un escollo legal para su permanencia al frente del cargo, denota un abuso más de la “autonomía”, ilegal por demás, puesto que ésta es total pero no absoluta y por lo tanto no puede accionar en ámbitos que no son de su competencia.

Nada mejor para este momento que vive la universidad colombiana, de crisis y confrontación del modelo de educación vigente por parte de un movimiento universitario que gana audiencia en la sociedad, que recuperar prácticas saludables para la democracia, indispensables para una sana convivencia institucional.

Sería oportuno y saludable abrir espacios para que la “comunidad académica” y la comunidad universitaria, debatieran con todas las garantías sus puntos de vista en torno a la rectoría que pretende prolongarse por un nuevo período. Como también lo sería que se abriera una convocatoria pública para que acudan otros candidatos, posiblemente con visiones diferentes frente al presente y futuro no sólo de la UTP sino de la Educación Superior en Colombia. No se trata de nombrar el mayordomo para una finca, de imponer un capataz. Se trata de la elección de un líder para conducir una institución del saber.

Por lo anterior, pedimos que no se repita la actuación llevada a cabo el 2 de septiembre de 2008 por ese Consejo, violatoria de la tradición democrática y que se abra una convocatoria pública, para dar curso a un proceso transparente de selección.

Pereira, noviembre 24 de 2011

Coordinadora Triestamentaria UTP