Carta abierta de ASPU a la comunidad universitaria
Es extraordinario ver como la comunidad académica nacional se ha unido en contra de la reforma a la ley 30, con argumentos claros y contundentes, en que siempre ha primado la idea de que la universidad pública es una responsabilidad del estado y un derecho de los ciudadanos que debe ser garantizado y que desde ningún punto de vista debe tratarse como un negocio o como un medio para financiar lo que no quiere financiar el estado, a costa de la calidad de la misma.
Mientas tanto es paradójico ver como nuestras directivas académicas, encabezadas por nuestro vice-rector académico quien reemplazó de una manera sospechosa al anterior, no se manifiestan de ninguna manera con respecto a esta problemática, a diferencia de otras directivas académicas que a nivel nacional sientan su posición. En las asambleas de profesores brillan por su ausencia, con excepción de algunos que se pueden contar en los dedos de una mano. Muchos de ellos llevan acumulados varios períodos en sus cargos de dirección gracias al “poder persuasivo” que siempre han tenido sobre los profesores transitorios con derecho a voto. La mayoría de ellos ha contribuido con su silencio, a que nuestra universidad se privatice paulatinamente; a que surjan programas autofinanciados sin infraestructura alguna; a que la profesión docente pierda su dignidad académica con el manejo que se da en esta universidad al nombramiento de profesores temporales, algunos de los cuales son bendecidos por el “dedo mágico” de estas directivas para cargos transitorios de medio tiempo y tiempo completo, siempre y cuando esa “filosofía de la lealtad” que enarbola su líder, el señor rector, sea cumplida, y que es muy conveniente para que se perpetúen en el poder académico.
Ni que hablar de nuestro vice-rector académico, máximo representante de la academia de nuestra universidad, quien no se distingue propiamente por un liderazgo académico y organizacional; muchas veces cuestionado en cartas y comunicados profesorales por sus manejos inapropiados en todo tipo de elecciones, que han hecho del ejercicio de nuestra democracia un juego en que prima el clientelismo politiquero y sobre todo la gran ambición por el poder, que ha desfigurado la academia al interior de la misma. El señor Ardila quien representa a las directivas académicas en el consejo superior, ha propiciado, apoyado y presentado acuerdos ante el consejo superior que han quitado derechos académicos, lesionando a los profesores en distintas formas; entre ellos podemos mencionar los siguientes:
- La eliminación del período sabático de los profesores cada siete años.
- La autorización para que los catedráticos puedan dictar más de 20 horas de clase sin el reconocimiento de tiempo para su preparación, la atención a estudiantes, la asistencia a reuniones; con el argumento de que de esta forma se mejoraban los ingresos de estos profesores que “tanto lo necesitan”.
- El derecho a escoger nuestros decanos libremente sin intervención del consejo superior, quien a raíz de ese acuerdo prácticamente define los decanos de nuestras facultades. Lo irónico es que nuestro vice-rector académico actual, en compañía del consejero Juan Guillermo Ángel, presentaron este acuerdo fundamentados en el hecho de que de esa manera se evitaría la politiquería y se ampliaría la democracia en nuestra Universidad.
No se puede dejar de mencionar que nuestro vice-rector académico fue el ponente ante el consejo superior del proyecto de acuerdo que dio el derecho a voto para los profesores transitorios de medio tiempo y tiempo completo, no con un espíritu democrático sino como un medio de tener una influencia directa en el ejercicio de la democracia al interior de nuestra universidad; y en estos manejos el señor Ardila es un experto, lo demuestra el hecho de haber sido el artífice de las reelecciones del rector por parte del consejo superior; reelecciones con candidato único, sin confrontación de ideas, en las cuales no se dio oportunidad a la comunidad universitaria de postular otros candidatos; oportunidad que si tuvo nuestro señor rector cuando aspiró por primera vez a la rectoría de nuestra universidad. Lo peor es que todas estas propuestas unidas a otras que se han convertido en acuerdos por parte del consejo superior, nunca fueron discutidas por la base de directivos académicos a los que nuestro vice-rector académico representaba y actualmente sigue representando; ha primado esa “filosofía de la lealtad” en la cual no se deben hacer preguntas, ni críticas a estas directrices que vienen desde la más alta administración y que han tenido su salida gracias a este consejero.
Por el contrario el señor Ardila no ha hecho nada desde su posición privilegiada para proteger a los profesores por contrato de la universidad. ¿Cómo es posible que como vice-rector académico y como representante de las directivas académicas en el consejo superior no haya impulsado hasta ahora un acuerdo que proteja a estos profesores en épocas como las que se viven en la actualidad, en la cual muchas familias no tienen medios económicos para subsistir ante la decisión de no pagarles sus salarios?
¿Cómo es posible además, que el señor Ardila no haya impulsado un acuerdo que extienda los contratos de los profesores transitorios a 11 meses cómo sucede en otras universidades del país? Parece que al señor Ardila solo le interesa presentar y apoyar acuerdos que van en contra de la academia, pero que favorecen directamente a que la administración a la cual pertenece se atornille eternamente en el poder.
Unido a todo lo anterior vemos en las asambleas de profesores la ausencia de muchos de nuestros representantes profesorales, que tal como se ha denunciado más que nuestros representantes, muchos de ellos representan a la administración por la forma en que se han elegido; también existen denuncias con respecto a esto. La administración supo introducir la politiquería dentro de nuestra “otrora” universidad; aquí encontró un ambiente ingenuo e inocente que en el momento en que se apoderó de la universidad contaba con una mayoría de profesores de planta más interesados por los temas académicos que por los politiqueros y que fue caldo de cultivo para lo que actualmente tenemos; ante la situación actual, a los profesores de planta les caben responsabilidades y es hora de hacer la reflexión y ser partícipes de los cambios necesarios. En síntesis son pocos nuestros representantes profesorales que han analizado de manera sería la reforma a la ley 30 de educación superior y que han apoyado las tareas que ha emprendido la asamblea de profesores alrededor de esta lucha; esos representantes que fueron apoyados por la maquinaria de votos de la administración, eso sí, estarán firmes en los momentos en que la administración requiera sus votos y en el momento de recibir los favores correspondientes.
Ante esta situación, consideramos que hace mucho tiempo llegó la hora para que la actual administración abandone nuestra universidad y no la siga perjudicando. No podemos estar de acuerdo con la continuidad del rector Luis Enrique Arango y todos sus “leales” seguidores; no podemos estar de acuerdo con la reelección del rector basada en una manipulación evidente de la autonomía universitaria, en la cual este señor se aprovecha de normas que están construidas para favorecer a los verdaderos académicos de las universidades; no podemos estar de acuerdo con una reelección indefinida de nuestras directivas académicas, ni con los encargos a dedo que se están haciendo de las mismas, con el único propósito de conservar el poder y favorecer a toda la clientela que los sostiene. Consideramos que llegó la hora de que la academia de nuestra universidad tome la administración de la misma, son muchos los verdaderos académicos en nuestra universidad, que de manera unánime no están de acuerdo con esta administración, es hora de que estas personas con la más alta formación académica, sin la ambición del poder que obnubila a nuestra actual administración, se apropien de la dirección de nuestra universidad y asuman una responsabilidad histórica, que trate de resarcir el daño que la actual administración ha hecho a la academia, daño que deja ver sus efectos hace mucho tiempo y que desgraciadamente se continuará sintiendo por muchos años más.
Exigimos el retiro inmediato de la policía de nuestra universidad y la apertura de la misma para los estudiantes.
Noviembre 8/2011
JUNTA DIRECTIVA DE ASPU - RISARALDA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA