Académicos, estudiantes, rectores, profesores y otros actores de la educación superior en Colombia hicieron presencia este miércoles 26 de octubre en la audiencia pública sobre la reforma a la educación superior presentada por el Gobierno Nacional.
Durante el encuentro, al que asistió la ministra de Educación, María Fernanda Campo en compañía del viceministro de Educación Superior, Javier Botero Álvarez, la titular de la cartera aseguró que el proyecto de Ley 112 es producto de una amplia discusión nacional que se inició hace más de siete meses, producto de la cual "más del 60% fue modificado; algunos artículos fueron eliminados, otros modificados o agregados", aseguró Campo.
"Desde hace 7 meses se ha liderado un debate que fue realizado en el seno de las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Asimismo, se realizaron foros especializados y se contó con una plataforma virtual donde se recibieron más de 320 propuestas provenientes de más de 145.000 visitas. Con base en estas reuniones, fuimos construyendo este proyecto de ley, por lo que esto fue un proceso amplio, democrático y participativo, donde todos los actores del sector académico han tenido la posibilidad de participar".
En ese mismo sentido, la titular de la cartera resaltó que el Ministerio de Educación continua escuchando a los estudiantes a través de las mesas de diálogo que se iniciaron la semana pasada. "Estoy aquí para continuar escuchándolos. Las posiciones que han planteado son de gran importancia para el Ministerio de Educación y quiero resaltar que los estudiantes están en su derecho legítimo de protestar; sin embargo, lo que pedimos es que las marchas se hagan de manera pacífica y que no se vulneren los derechos de los demás. Quiero pedirles, además, que no suspendan las clases y que levanten el paro, porque el perjuicio es enorme para los estudiantes, para los padres y la sociedad", puntualizó Campo.
Las opiniones escuchadas
Durante la audiencia pública se escucharon las intervenciones de directivos como Fernando Noreña Jaramillo, vicerrector administrativo de la Tecnológica de Pereira; Sergio Muñoz, vicerrector administrativo de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y coordinador de la comisión técnica del Sistema Universitario Estatal (SUE); Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros actores de la educación como investigadores, profesores y representantes de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE).
Entre los temas e inquietudes planteadas por los directivos con respecto a la reforma se encontraron: el desfinanciamiento de las universidades públicas, el mejoramiento de la calidad y el aumento de cupos, la generación de recursos propios de las universidades para solventar los gastos, la posibilidad de que los recursos de las bolsas concursables hagan parte de la base presupuestal de las instituciones, la autonomía universitaria y el análisis del impacto del decreto 1279 de 2002 en la actual situación financiera de las universidades, la mejor distribución de los recursos de la Nación
En ese mismo sentido, el coordinador de la comisión técnica del SUE expuso una propuesta para hacer frente al déficit financiero, que incluye propuestas referentes a temas como el impacto del régimen salarial, los aportes de entidades territoriales, distritales o municipales a las universidades públicas, la atención del pasivo pensional sin afectar los recursos de funcionamiento, el trato diferencial a las universidades frente al pago de impuestos y de servicios públicos y el apoyo en la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
El rector de la Universidad Nacional reiteró varias de las inquietudes expuestas; sin embargo instó a la construcción de un proyecto de Ley sobre el proyecto que está radicado en el Congreso: "Construir un nuevo proyecto de Ley, y construirlo colectivamente, es un proceso muy largo y difícil; no sería más que el principio del camino. En este momento, creo que lo más conveniente es sacar el mejor proyecto posible del Congreso porque cualquier proyecto es mejor que la Ley 30".
Un proyecto pensado en la calidad y los estudiantes
Luego de más de cinco horas de intervención de los diferentes asistentes a la audiencia pública, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, se refirió a varias de las inquietudes sugeridas del debate, enfatizando que "el proyecto, invocando a la Constitución Nacional, concibe a la educación superior como un derecho y un bien público, basado en el mérito y la vocación". En ese sentido, afirmó Campo, "éste es un proyecto de Ley que ha sido construido de forma participativa con la comunidad educativa y que atiende los principios de equidad, inclusión y de preservación de la identidad cultural. Por eso, a pesar de las diferencias, y teniendo en cuenta que el proyecto trae solo beneficios para el país, es que la decisión del Gobierno Nacional es no retirar el proyecto del Congreso de la República".
Igualmente, reafirmó que los estudiantes están en su legítimo derecho de protestar e invitó a que las manifestaciones se hagan de manera pacífica para que puedan hacer sentir sus voces. "Todos ustedes tienen el derecho a ser escuchados".
Durante su intervención, la Ministra de Educación se refirió a los cuatro grandes objetivos de la reforma, que serán alcanzables con mayores recursos de la Nación. Así, reafirmó que el proyecto plantea diversas fuentes de financiamiento, entre ellas, el aumento de los recursos públicos dirigidos a las instituciones de educación superior públicas (35,3 billones de pesos, en pesos corrientes, de los cuales 6 billones de pesos son adicionales, gracias a la reforma).
Igualmente, dijo la Ministra, "adicional a estos recursos se establecen nuevos recursos que dependerán del crecimiento del PIB, así como recursos provenientes de las entidades territoriales para desarrollar proyectos específicos". En ese mismo aspecto, se refirió a nuevos recursos de Regalías (10%), equivalentes a 1 billón de pesos anual, los cuales irán destinados a proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación; y a los recursos destinados a fortalecer los subsidios y créditos del Icetex.
La ministra Campo, se refirió, entre otros temas, a la ampliación de cobertura y la distribución de recursos a las instituciones de educación superior, el fortalecimiento de la evaluación como parte esencial del sistema de aseguramiento de la calidad, la destinación de recursos del Ministerio de Educación para ofrecer acompañamiento a las instituciones de educación superior para que logren la acreditación de alta calidad, el fortalecimiento de la inspección y vigilancia como una herramienta para defender los derechos de los estudiantes y no como un mecanismo que va contra la autonomía universitaria y la importancia de constituir con 9 miembros los Consejos Directivos de las universidades.
Igualmente, la titular de la cartera respondió a inquietudes relacionadas con el fortalecimiento de los saberes y el conocimiento, la formación de alto nivel (maestrías y doctorados) de profesores, las instituciones de educación superior mixtas y su condicionamiento a que son sin ánimo de lucro, la reforma y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la denominación de las instituciones y los títulos de los nuevos profesionales, entre otros.
Finalmente, la Ministra de Educación reiteró la importancia que han tenido las cuatro mesas de diálogo que se han realizado desde la semana pasada, donde se han escuchado las voces de varios estudiantes que han hecho presencia en el Ministerio, así como de quienes han participado con sus preguntas a través de las redes sociales.
Información disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-287360.html