Carta abierta a la comunidad universitaria enviada por la junta directiva de ASPU.
Es imposible estar de acuerdo con la gestión administrativa de una universidad donde cerca del 80 % del personal docente es temporal, con contrataciones que no van más allá de ocho meses al año. La administración de nuestra universidad les debe mucho a sus profesores por contrato, es más, se ha aprovechado de ellos. Son ellos los que han cargado sobre sus hombros en un alto porcentaje con una ampliación de cobertura que muchos consideramos irresponsable y demagógica; son ellos los que tienen que atender a los estudiantes en los corredores o cafeterías, pues la administración de nuestra universidad en la mayoría de los casos no les asigna una oficina para esta labor; son ellos los que han contribuido a que en nuestra universidad existan nuevos programas, los cuales creemos imposibles dada nuestra infraestructura y nuestra tradición en áreas bien definidas por nuestra historia académica; son ellos los que han contribuido en un alto porcentaje a que exista una universidad en la noche, que no se puede considerar pública; empezando porque existe un pago diferencial de sus profesores por contrato con respecto a los mismos que trabajan en el día. Es a parte de ellos, profesores temporales de medio tiempo y tiempo completo, a los que la administración utiliza y presiona muchas veces en los procesos democráticos para que muchas directivas académicas cercanas a la alta administración de nuestra universidad perduren por más de una década en sus puesto directivos. Son ellos los que la administración ha nombrado sin ningún tipo de convocatoria ni concurso de méritos, tal como lo hemos denunciado en ASPU, lo cual hace que estos compañeros se vean afectados por los vicios de la politiquería tradicional tales como el tráfico de influencias y el clientelismo que se puede denominar académico, lo cual crea inequidad en su selección y asignación de contratos. Se puede hacer la siguiente pregunta de manera pública: ¿Cuáles son los criterios de ciertas directivas académicas para definir entre dos docentes, quién será profesor temporal de tiempo completo y quién un simple profesor por hora cátedra, cuando ambos aspiran a lo mismo?
La anterior pregunta tiene una respuesta que puede estar basada en lo que se podría llamar la “filosofía de la lealtad” que ha esgrimido nuestro rector en muchas ocasiones en sus discursos y de la cual se han apropiado muchos de sus directivos. En nuestra universidad está prohibido pensar y mucho menos criticar; las personas que lo hacen se consideran peligrosas y desleales para algunos altos directivos que se creen dueños de NUESTRA universidad y que tratan a los profesores temporales como trabajadores a destajo de una finca que parece que ellos consideran propia. Hemos visto como aspirantes de las más altas calidades académicas han visto truncado su deseo de ser docentes de nuestra universidad, simplemente porque habían sido críticos en alguna época de su vida universitaria. Es bueno recordarles a estos directivos que se creen dueños de nuestra universidad que “la Universidad Pública es un espacio para la libertad del pensamiento, el pluralismo ideológico, la crítica y el debate mediante la razón y la argumentación que le apuesta a la escritura y a la lectura, que une lo teórico con lo práctico y que privilegia una cultura del debate que rechaza cualquier forma de dogmatismo”, tesis formulada por los profesores Fernández y Ortega de la Pedagógica y sustentada por las sentencias como las T-492/92, C-337/96, T-689/09 entre otras.
Hay que aclarar que no en todas las dependencias académicas de nuestra universidad se ven estos vicios, pero que en algunas de ellas la sombra de este pensamiento egoísta y retrogrado oscurece todo el panorama académico. Nuestras altas directivas y sus más “leales” seguidores se aferran al poder y hacen lo que sea por conservarlo, hasta extremos como el de pisotear la dignidad de los profesores por contrato, que requieren de sus salarios para sostener sus familias, pero que gracias a su trabajo han cooperado para sostener la universidad que la administración, con el pecho henchido, muestra en forma demagógica a la sociedad.
Ante este panorama la administración de nuestra universidad tiene una alta deuda con los profesores por contrato que debe empezar a pagar, dignificando la labor de estos docentes, estableciendo criterios de equidad en su selección y en su tipo de contratación, la cual debería ser al menos de 11 meses al año como ocurre en otras universidades públicas de nuestro país. La administración de nuestra universidad les ha fallado a estos profesores, cancelándoles sus contratos, creando todo un problema de tipo social que afecta a más de 800 familias de nuestra ciudad, error que trata de enmendar con nuevos acuerdos improvisados y donde nuevamente el sesgo del secretario general afecta salarialmente a los profesores como en ocasiones pasadas ha sucedido en cuestiones de retiros, cálculos pensionales y el reciente recorte a salarios en catedráticos de la jornada especial. Los profesores por contrato de todos los tipos no tienen la culpa de que los estudiantes hayan parado sus actividades académicas, no se puede pretender que los profesores persigan a sus estudiantes y lleguen a extremos que van en contra de su dignidad, convenciendo a uno o dos estudiantes para que acepten recibir clase y de esta manera se les renueven sus contratos; en otras universidades como la de Antioquia se protege a estos profesores con disposiciones del consejo superior que permiten mantener sus contratos en casos como el que actualmente afecta a nuestra universidad.
No podemos estar de acuerdo con disposiciones que pisotean la dignidad de los profesores por contrato, no podemos estar de acuerdo con directivas académicas que no han defendido a sus profesores y que permiten que se les trate dentro de un régimen de terror; la administración actual de la universidad ha destruido por completo el concepto de universidad pública que el profesorado de nuestra institución siempre defendió, es hora de ajustar cuentas con esta administración y pedirle de manera unánime que abandone NUESTRA universidad.
La política de la Ley 30 que ahora se pretende reforzar ha permitido todos los vicios de los que hemos hablado anteriormente, llegando a extremos como el que vivimos actualmente en nuestra universidad, esta política ha permitido con base en una mal utilizada “autonomía universitaria” que la universidad sea manejada como una empresa económica y no como empresa del conocimiento, nuestra administración ha seguido al pie de la letra estos lineamientos y tiene a nuestra universidad hundida en todos sus desafueros.
Pereira, 13 de octubre de 2011
JUNTA DIRECTIVA DE ASPU - RISARALDA
Asamblea General de Profesores
Martes 18 de octubre
Auditorio A-201 - 9:00 a.m.