Los docentes de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira (catedráticos, transitorios tiempo completo y medio tiempo y de planta), después de dialogar sobre los graves hechos que atraviesan la Universidad Tecnológica de Pereira en particular y la Universidad Pública colombiana en general, hacen el siguiente pronunciamiento público.
1. Es evidente que los últimos gobiernos nacionales han asumido la desfinanciación paulatina de las universidades públicas en Colombia.
2. Que el proyecto de reforma a la educación superior (ley 30) presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos profundiza dicha política, utilizando un lenguaje neutralizador que pretende ocultar la mercantilización y endeudamiento crediticio que promueve dicha propuesta.
3. Que la Universidad Tecnológica de Pereira ha vivido en los últimos diez años un proceso de desregulación laboral, que tiene como efecto más evidente una planta de docentes transitorios y un incremento de catedráticos que suman aproximadamente el 80% de la planta docente global.
4. Que existe un constreñimiento de la planta docente de carrera, al no hacerse en los últimos cinco años convocatorias públicas para cubrir las plazas docentes vacantes producto del relevo generacional.
5. Que se han creado - bajo las figuras de la cofinanciación y la autofinaciación - programas de operación comercial en pregrado y postgrado no subsidiados por el Estado, en los cuales la dinámica universitaria implica un espíritu netamente pragmático y productivista, donde el rendimiento de la inversión es el único factor relevante en la formación.
6. Que la política de la actual administración de la Universidad Tecnológica de Pereira ha asumido criterios empresariales y corporativos que pervierten la principal función de la Universidad Pública, que es formar ciudadanos críticos y conscientes de las realidades nacionales, regionales y locales.
7. Que existe un paro estudiantil en la Universidad Tecnológica de Pereira con un mes de duración en el que los docentes hemos invitado a la moderación y a la búsqueda de acciones que convoquen a la reflexión de toda la comunidad universitaria y de la región en su conjunto, sobre el impacto regresivo (para la sociedad) de la propuesta de reforma a la educación superior presentada por el Gobierno de Juan Manuel Santos al congreso de la república de Colombia.
8. Que los docentes en su conjunto están contratados por la Universidad Tecnológica de Pereira para cumplir con las tres funciones que le son asignadas acorde con el rol del docente universitario. Ellas son docencia, extensión e investigación.
9. Que el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira ha resuelto suspender la vinculación de docentes, monitorias estudiantiles y apoyos socioeconómicos (resolución 2259 del 30 de septiembre de 2011).
10. Que el rector en su resolución desconoce las funciones integrales del ejercicio docente en la Universidad Tecnológica de Pereira.
11. Que el rector en los considerandos de su resolución, los artículos donde resuelve y el protocolo de restablecimiento de la normalidad en docencia, confronta de manera directa a los docentes con los estudiantes y viceversa.
12. Que el rector hace una suspensión laboral masiva sin mediar comentarios o directrices de la oficina del trabajo o del Ministerio de Protección Social (esto no se encuentra incluido en su comunicado).
13. Que los docentes transitorios y de cátedra han sido constreñidos y negados como sujetos contractuales.
14. Que el rector desconoce en su resolución el trasfondo de la situación de anormalidad de la Universidad Tecnológica de Pereira.
15. Que la rectoría no ha movilizado a la comunidad académica y a la comunidad risaraldense para reflexionar críticamente los aspectos relacionados con la propuesta de reforma a la educación superior.
16. Que en Campus Informa se ha publicado el punto de vista del Ministerio de Educación sin un mínimo análisis por parte de la rectoría y de sus asesores.
Ante estos considerandos la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira cuestiona la postura y decisiones tomadas por la rectoría de la Universidad, e invita a toda la comunidad universitaria y a la sociedad risaraldense en su conjunto, a participar activamente en la reflexión en torno a la calidad de la Universidad Pública, el derecho a educarse y el derecho pleno al trabajo.