Los profesores de la Escuela de Tecnología Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira en reuniones sostenidas los días 4 y 5 de octubre, en la oficina I-428, acuerdan:

1. Que las Resoluciones número 18 del 26 de septiembre de 2011, emitida por el Consejo Académico y la número 2259 del 30 de septiembre de 2011, emitida por la Rectoría, “vulneran derechos laborales y desconocen la labor de la actividad académica integral (docencia, investigación y extensión), del profesorado y del personal de apoyo a la docencia, creando una situación humillante, de desigualdad y de inseguridad.

2. Hacer un llamado a crear canales de comunicación institucional que garanticen condiciones básicas para el desarrollo de actividades académicas en la Universidad, para evitar fenómenos de desplazamiento de docentes y estudiantes por la ciudad. “Aquí nos quedamos, esta es la casa pública del saber que hemos construido durante 50 años”. En este sentido, nos sumamos a otras salas de profesores que han expresado su desacuerdo hacia el uso coyuntural de espacios alternos que, no sólo desinstitucionaliza la labor docente, sino que genera riesgos para la integridad de estudiantes y docentes.

3. Solicitar y propiciar la creación de un espacio institucional especial para el diálogo, entre todos los estamentos, que garantice situaciones y ambientes de fomento al pensamiento crítico, alrededor de la problemática de la Universidad Tecnológica de Pereira y del problema estructural de la Educación Superior en Colombia.

4. Respaldar las motivaciones colectivas de protesta frente al proyecto de Ley 112 radicado el día 3 de octubre ante el Congreso de la República de Colombia.

5. Rechazar todo tipo de violencia, vandalismo, amenazas y señalamientos contra docentes, estudiantes, demás miembros de la comunidad universitaria y contra la misma Institución.

6. Hacer un llamado respetuoso a la comunidad estudiantil para regresar a las aulas universitarias y con ello propiciar los espacios de diálogo especial que solicitamos en el punto 3.

Finalmente, la suspensión preventiva de los contratos, además de que no contribuye a la solución de la problemática actual, por el contrario, la agudiza.