La circunstancia históricamente adversa, que nos corresponde leer a los estudiantes universitarios este año con la perspectiva de le nueva ley de educación superior, nos debe llevar a pensar muy seriamente en una movilización de proporciones comparables al fenómeno de La séptima papeleta en el año de 1991, cuando con visión académica, empoderamiento y propuesta social, (no existían Facebook, ni Twitter, ni las redes sociales de la Web) se logro construir un nuevo orden social, político, económico y jurídico, traducido en lo que hoy conocemos como la constitución de 1991.
Fue por los estudiantes de a pie y mochila al hombro, que hablando con la gente y dialogando con los sectores más influyentes del país, se logro convocar a todo un orden establecido, a votar por una nueva carta magna, fue esta voluntad de cambio creativa y lucida, la que permitió abrir las perspectivas de sentido amplio que hoy nos da la constitución. el concepto de "Estado social de derecho", nos dice que en este país los derechos, deben prevalecer por encima del interés particular “El Estado Social de Derecho es un estado de tipo democrático, que se caracteriza por el reconocimiento de derechos de índole individualista y de orden colectivista (económicos, sociales, culturales), con una idea de propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social, con una importante labor interventora del Estado en todos los niveles”, la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, juntas administradoras locales, etc. Etc., y cada una de las garantías que ofrece la constitución, deben ser entendidas como garantías para el pueblo, como derechos universales inscritos en una visión holística, en la que caben diversidad de ideas y de modos de vida, en una nación inmensamente variopinta y pluricultural como la nuestra.
Esta misma constitución, consagra la educación como un derecho fundamental garantizado por el estado artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Y el pacto internacional por los derechos económicos sociales y culturales consigna lo siguiente. “la enseñanza superior debe hacerse, igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita” siguiendo este ordenamiento jurídico (me perdonaran los abogados, soy lego en la materia) tenemos en nuestro poder la herramienta de lucha más contundente, clara, precisa y sobre todo legitima, que nos permite dar el debate, la discusión, y la disertación sobre la idea de la nueva ley de educación superior, que propone las universidades con ánimo de lucro y las alianzas publico- privadas.
Sin embargo, parece haber una confusión entre este principio de ratificación de los derechos políticos y sociales consignados en la constitución y el numeral dos, de la ley 30 de 1992 que dice “la educación superior, es un servicio, publico cultural, inherente a la finalidad social del estado”. Resalto la palabra servicio, no como un ejercicio de semántica caprichosa, sino como una alarma sobre lo que este enunciado nos conlleva a entender, pues la diferencia entre un derecho y un servicio es muy evidente: los servicios se ofrecen, se negocian, se venden, se intercambian, se modifican incluso; por el contrario, los derechos se garantizan, se protegen, prevalecen sobre cualquier otro orden social y el estado léase bien, junto con la sociedad civil, están en la obligación de proteger este derecho, como derecho fundamental, tal cual como lo consigna el articulo arriba citado. ¿Qué paso entonces? ¿Cuando la comunidad universitaria en el año 92 se dejo meter la mano a la boca?, porque nadie advirtió de esa diferencia, ¿cómo se explica esta diferencia de orden como ya dijimos semántico jurídico?
La discusión debe empezar por despejar esta duda y consolidar la educación superior, como un derecho universal, inherente a la finalidad y los intereses sociales y culturales de la nación, pues solo así, podrán nacer argumentos de peso para que se garantice la permanencia del sistema educativo, con criterios de equidad, pluralismo, inclusión y bajo la responsabilidad financiera y fiscal del estado.
Está claro que con la reforma, se pretende lo que hace seis años atrás, se venía advirtiendo con la educación pública estatal, la tercerización de la responsabilidad financiera de los establecimientos educativos en Colombia, la concesión privada del manejo de la educación. ya lo advierte Eduardo Sarmiento Palacio en su análisis del 20 de marzo del presente año en el Espectador: “En razón de que los beneficios económicos de la educación son mayores en los estratos altos, que disponen de los medios más favorables para explotarla, de hecho surgiría una alianza para apropiárselos. Los estudiantes pudientes pagarían más para que les otorguen un servicio con características especiales, las instituciones los preferirían con respecto a otros estratos y se montaría la ficción de que son mejores porque exhiben matrículas más altas. Los estudiantes de menores ingresos quedarían en desventaja, porque se verían como un negocio inferior y de mayor riesgo. Su formación dejaría de ser un derecho constitucional para convertirse en una concesión de las instituciones privadas”.
El experimento surge inicialmente con los mega colegios en Bogotá y luego en otras ciudades, (en el caso de Pereira, los mega colegios de Tokio y Málaga), que además de estar tercerizados en el manejo administrativo y financiero, no ofrecen mucha claridad sobre la condición laboral de los profesores que allí trabajan y aunque este no es en si el tema central que nos compete, puesto que nuestro circulo de discusión son las universidades, de llegar a prosperar dicho proyecto de ley, las condiciones serian sino las mismas, casi iguales, pues el planteamiento va mas allá, cuando se dice que podrá ser financiada por entidades privadas o inversión extranjera.
Quien pone la platica, pone las condiciones, ¿cómo se garantizaría la autonomía universitaria, una de las ganancias más significativas de la ley 30?, ¿cuáles son los criterios que el gobierno, impondrá a esa alianza, para que no se afecte la libertad de cátedra y la apertura de ofertas académicas en todas las áreas del quehacer profesional, es decir, prevalecerán las carreras de orden empresarial, industrial, técnico, y jurídico, o ese alianza, se amarra a que por igual se invierta en carreras, que no sirven al propósito de la producción y la pertinencia regional como son las carreras de carácter humanista, entiéndase, filosofía, literatura, música, artes plásticas, historia, economía, etc. etc. etc., que parecieran que no son del interés de quienes son los dueños de los medios de producción en Colombia?
Ahora bien, el problema de la calidad de la educación superior y de la educación en general, no es solo y principalmente un problema de plata e infraestructura, es un problema de estructura, de sistema, de proyecto social y profesional, pues aquí como en muchas otras partes del mundo, ha hecho carrera el dicho “el que sabe es el diploma” lo que da prueba del reduccionismo burocrático y mediático de las carreras profesionales, y del fin de las universidades, que pareciera que no son más que fabricas de diplomas, en el que cada semestre se gradúan y se gradúan profesionales, que salen cada vez más mal preparados a un mundo profesional donde prevalece, quien, como dice otro dicho “tenga más cartones que un tugurio” además de esta prevalencia del título sobre la proficencia de quien se gradúa, las universidades colombianas, no han podido responder, a la verdadera demanda y exigencia laboral que todos los días requiere la oferta productiva y profesional en diversos campos del conocimiento.
La ley entonces, debe responder no solo por la financiación y la autonomía universitaria, sino que debe ajustarse a las dinámicas mundiales de desarrollo y cultura, debe responder por un proyecto de sociedad solidó, debe además garantizar la dialéctica y la investigación en todas las áreas del conocimiento, propender por formar investigadores y crearles condiciones para llevar a buena mar su propósito, debe normativizar la carga administrativa de las universidades(el solo andamiaje administrativo de una universidad, se come casi todo el presupuesto) y ante todo, debe generar, sin mirar clases sociales y tendencias culturales, programas de bienestar universitario para estudiantes y docentes que al fin y al cabo son el alma y nervio de la academia colombiana.
por esto, con el marco jurídico nacional e internacional, con los elementos de juicio que se han esgrimido por prensa y en foros de opinión y con el cúmulo interesantísimo de argumentos de los estudiantes, que son quienes sufren día a día las dificultades del trasegar universitario, quiero invitar a una gran movilización en torno a la reestructuración de dicha ley, con seriedad, con rigor académico, con imaginación y con creatividad, pero sobre todo, en un ambiente pacífico de dialogo y deliberación con el estado y las directivas de la universidad, es decir, mi invitación no es al paro, porque eso es lo que el gobierno quiere que hagamos, que le demos argumentos y razones, para que se imponga la bota militarista y las razones privatizadoras, no con disturbios ni inmovilización, no con destrucción, esto sucede cuando los argumentos han desaparecido, cuando ignoramos las herramientas que da la ley, cuando preferimos la salida fácil de parar y de conflictuar, obsedidos por el odio ideológico y las diferencias políticas sectarias por un lado y autoritarias por el otro.
¿Es entonces razonable que la lucha por algo que es un valor superior en la sociedad, un derecho de prioridad máxima en cualquier país medianamente civilizado, la discusión por la educación pública, termine polarizándose de la forma en que actualmente se encuentra?- no me opongo de ningún modo a la lucha, aplaudo las marchas y las manifestaciones multitudinarias, las pancartas con sátiras al gobierno y en defensa de la causa, las consignas y la fiesta de la revolución emanada del sentimiento de un pueblo que encuentra que sus opiniones y su voz no son escuchadas. Arriba con los grafiteros que trasgreden el orden establecido y expresan lo indecible, lo marginal, a través del único arte en el que el nombre del artista no es lo que importa, sino lo que su aerosol deja como huella, soy un entusiasmado con los sancochos comunitarios, las mingas estudiantiles, las tardes de arte y tertulia en la universidad. Donde suena el himno de la internacional socialista, y la mayoría de quienes allí están no saben ni siquiera que canción es la que se está escuchando. Pero atención, un derecho no prevalece sobre ningún otro, no podemos aplicar y aceptar esa lógica perversa de decir que violando el acceso a la educación la estamos protegiendo. Proteger y garantizar un derecho desde el que hacer ciudadano, aun cuando la situación es contraria a todo contexto, es una lección superior de democracia y la prueba de que se puede vivir en términos de conciencia social y política sin agredir a nadie ni a nada.
Pero no es así, nuestros “señoritos hormonales” como les dijera un colega vate, han asumido la salida fácil, aparentemente fácil, de reprimir, de bloquear, de destruir, de vetar, de irrespetar acuerdos, de no escuchar posturas que no sean las propias, esa música de las papas bombas que tanto deleitan los oídos de quienes carecen de argumentos sólidos para construir propuestas, esas capuchas que más que ocultar la cara de la lucha, generan paranoia en un país paranoico, esas consignas insufladas de populismo y de trasnochado socialismo bolchevique tan de moda en los años 60sy 70s, esa masa marchante pero poco crítica y propositiva, que se come el cuento que ante la ausencia de fuerzas del orden que perjudicaran la lucha sienten que ha ganado la batalla, ingenuamente se regodean en el saboteo a la ciudad durante varias horas.
Pongo en este párrafo anterior, un ejemplo contundente de lo que es el efecto espejo, aquel estado de confrontación de dos bandos o ideologías, en el que a partir de posturas demasiado extremas, confluyen en un círculo espiralado arrancando por cualquiera de los dos extremos y que termina uniéndose en el extremo donde el otro también empieza.
La defensa de la educación pública, amerita estar al nivel de quien nos propone un debate en puntos álgidos y profundos, sin embargo, pareciera que podemos aplicar el principio bajo el cual se dice que: el fanatismo consiste en redoblar los esfuerzos cuando se ha olvidado el propósito.
Son válidos las comunidades de resistencia, los almuerzos y mingas comunitarias, las reuniones al aire libre para departir y compartir, eso nos convierte en sujetos transformadores de un entorno hostil, pero hay asuntos que pasan inevitablemente por la forma y el reprimir, bloquear y destruir, nos pone al nivel de quien es objeto de nuestra crítica. Sufre entonces nuestro movimiento estudiantil del efecto espejo.
Comunicado enviado por:
Miguel Ángel Rubio O.
Estudiante de Licenciatura en Español y Literatura