La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ha realizado un análisis del Decreto 0391 del 1 de abril de 2025, el cual reglamenta la formalización laboral en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. A continuación, se presenta una descripción de sus principales implicaciones.
En principio, tanto la UTP como el conjunto de las IES públicas del país comparten el fin o propósito de este Decreto. En este sentido, el Sistema Universitario Estatal (SUE) ha venido advirtiendo, desde el año 2011, sobre la afectación en la vinculación de personal en las universidades públicas, como consecuencia del desfinanciamiento estructural derivado de la aplicación de la Ley 30 de 1992 en materia de financiación.
En este marco, aunque el decreto busca responder a compromisos del Gobierno Nacional con las centrales obreras y sindicatos mediante la ampliación de plantas de personal docente y administrativo, debe advertirse que la medida no viene acompañada de los recursos financieros necesarios para su implementación.
“El problema de fondo no es técnico, es financiero. El Sistema Universitario Estatal lleva más de 11 años solicitando una reforma estructural que garantice recursos suficientes y estables. Sin esa reforma, las universidades no pueden asumir nuevos compromisos laborales”, explicó Fernando Noreña, Vicerrector Administrativo y Financiero de la UTP.
Actualmente, los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 siguen sin ser modificados, lo que impide que las universidades cuenten con una financiación adecuada para cubrir gastos recurrentes como lo son las plantas de personal. Además, el Decreto 1279 de 2002, que regula el sistema salarial y prestacional docente, continúa sin financiación del Gobierno, a pesar del alto impacto presupuestal que representa.
Esta misma problemática se presenta con los aumentos salariales por encima del IPC vigencia a vigencia. Al respecto, el Vicerrector fue enfático:
“Hoy no se está reconociendo el impacto de los aumentos salariales ni para docentes ni para administrativos, y mucho menos se están incluyendo esos costos en los presupuestos universitarios. Así no es posible avanzar en una formalización laboral real”.
En este contexto, la propuesta que desde las universidades se ha presentado al Gobierno Nacional es un modelo de financiación para la reforma a la Ley 30 de 1992, que permita mejorar la composición de las estructuras de las plantas docentes y administrativas, avanzando hasta alcanzar una composición en la que el 70% del personal sea de planta, el 10% ocasional para atender situaciones administrativas, y el 20% de cátedra.
Por otro lado, se resalta que el Decreto 0391 establece que las nuevas plazas o empleos en el marco de la formalización laboral deberán ser cubiertas mediante concurso público por mérito. Esto implica que quienes actualmente se encuentran vinculados de manera temporal, como catedráticos u ocasionales, deberán concursar sin ninguna garantía de permanencia según lo establecido en la ley.
“Si no ganan el concurso, no continúan vinculados a la Institución. Esto genera incertidumbre y podría derivar en conflictos laborales evitables”, indicó.
Adicionalmente, desde la UTP se aclara que la sugerencia de financiar estos procesos con recursos propios, como lo han interpretado algunas personas, no es factible.
“Los recursos propios no son sostenibles ni constantes, presentan riesgos ya que dependen de la venta de servicios y no pueden usarse para financiar gastos permanentes como los salarios. Esa opción es inviable para las universidades”, añadió Noreña.
Desde la Universidad Tecnológica de Pereira se reitera que el verdadero camino hacia la formalización laboral responsable exige una reforma estructural que contemple tres elementos fundamentales:
- La modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para garantizar una financiación adecuada.
- La financiación real y sostenida del Decreto 1279 de 2002 y de los aumentos salariales que decreta cada año el Gobierno para los funcionarios públicos.
- La actualización del marco normativo que permita un crecimiento ordenado y sostenible de las plantas de personal.
La UTP reitera su compromiso con la dignificación del empleo en la universidad pública e insiste en que este proceso debe darse en condiciones responsables, con respaldo presupuestal y respeto por la autonomía universitaria.