Con el acompañamiento técnico-académico de la Universidad Tecnológica de Pereira, el foro “Risaralda en la ruta de atención y reconstrucción pos-terremoto: retos y desafíos” reunió a representantes institucionales, académicos y ciudadanos para analizar las prioridades del departamento y proponer acciones que contribuyan a una recuperación articulada, participativa y sostenible.
El encuentro, realizado en el Salón Virginia de Expofuturo y liderado por la diputada Luz Neila Polo, tuvo como propósito presentar un panorama de la situación de Risaralda y generar propuestas frente a los desafíos derivados del sismo del pasado 10 de agosto. En este espacio, la UTP entregó un documento de declaratoria que fue acogido en el recinto y recoge los principales planteamientos y propuestas abordados durante el foro, como una contribución a la construcción de una agenda conjunta para la recuperación del departamento.





Durante la jornada, la Asamblea Departamental destacó el papel de la academia, representada por la UTP, y sus contribuciones técnicas, científicas y sociales. Entre los asuntos abordados estuvieron el fortalecimiento de los sistemas de alertas tempranas, el ordenamiento ambiental del territorio, la participación ciudadana y la salud mental, aspectos fundamentales para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.
Francisco Uribe Gómez, rector (e) y jefe de la Oficina de Planeación de la UTP, reiteró la disposición de la Universidad para acompañar a los gobiernos municipales, la Gobernación de Risaralda y los demás actores involucrados. Señaló que este proceso exige articular las capacidades de las instituciones públicas, las universidades y las organizaciones sociales, definir responsabilidades y agilizar las acciones para alcanzar resultados de mayor impacto.
En este escenario, la Universidad presentó dos iniciativas que gestiona ante las convocatorias de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. La primera, explicada por el decano Juan Mauricio Castaño, está orientada a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del departamento para anticipar y atender diferentes amenazas naturales.
Se trata de una propuesta presentada a la Convocatoria 54 del Sistema General de Regalías, por valor de $17.150,5 millones, que busca fortalecer el sistema de alertas tempranas multiamenaza de Risaralda mediante el mejoramiento de las redes de monitoreo sísmico, acelerográfico y de otros fenómenos, como los deslizamientos. Su propósito es ampliar la capacidad de vigilancia, generación de información y respuesta oportuna ante posibles emergencias, a través del fortalecimiento de las estaciones de monitoreo y la articulación institucional.
La segunda iniciativa plantea una alternativa de economía circular para aprovechar los escombros generados por el sismo e incorporarlos a procesos de construcción y mejoramiento vial. De esta manera, los residuos podrían transformarse en materiales aprovechables y contribuir a la recuperación de la infraestructura del territorio.
Por su parte, el profesor Óscar Arango, de la UTP, resaltó que la participación ciudadana debe ser transversal a todas las etapas de la reconstrucción. En ese sentido, planteó la importancia de consolidar los Planes de Acción Específicos (PAES) de cada municipio, establecer prioridades y garantizar que las comunidades intervengan tanto en la planeación como en la ejecución de los programas.
Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de disponer de un sistema articulado de información y comunicaciones que facilite el acceso a datos claros y oportunos, contrarreste la desinformación y permita a la ciudadanía conocer los avances, las decisiones y los compromisos de las entidades responsables.
La diputada Luz Neila Polo insistió en la importancia de que el Gobierno nacional, la Gobernación y las administraciones municipales actúen coordinadamente, con información transparente, recursos disponibles y compromisos concretos que se traduzcan en respuestas oportunas para las familias afectadas.
Como resultado de las reflexiones, el foro puso sobre la mesa una agenda de prioridades que incluye fortalecer la participación ciudadana y la transparencia, mejorar los sistemas de alertas tempranas y el ordenamiento territorial, impulsar la reactivación económica, garantizar la atención a las familias afectadas y promover una cultura de prevención y gestión del riesgo.








