Se trata de darle  un nuevo aire a las mesas temáticas, ya existentes , con participación de más sectores y concurrir con nuevas reflexiones e insumos a la política pública en ES desde los 5 ejes  temáticos : calidad, política pública y sistema de ES,  Ciencia, Tecnología e Innovacion, Internacionalización y financiamiento 

 

Participan voceros del Cesu, CNA, Fodesep, foro permanente, y otras asociaciones, sectores estudiantiles y docentes.

 

Trabajarán los meses de meses de junio y julio, para sumarse al acervo de reflexiones que ya se tiene  frutó de la deliberación Nacional .

 

El rector de la UTP y Presidente del SUE coordina la mesa de Fianciamiento en compañía del Rector del ICESI , Francisco Piedrahita, por designación de ASCUN y el MEN.

 

A continuación intervención del rector de la UTP , en el acto como Coordinador de la mesa .

 

 

 

MESA FINANCIACION ASCUN MEN AMPLIADA

 Mayo 20,  2013

 El financiamiento es un tema fundamental para cualquier política pública, sin recursos es muy poco lo que puede hacerse y especialmente en materia de Educación Superior.

 El conocimiento es el factor más importante de progreso para las personas y para los países, esto no tiene discusión.  Sin educación no hay desarrollo y sin él no hay progreso social. El  Estado que no actúe coherentemente con esta realidad está condenado al atraso.

Para abordar las tareas del crecimiento y la competitividad, superar la pobreza, aumentar los niveles de cohesión social y la participación social,  las sociedades necesitan incrementar sostenidamente su capital humano.  En este propósito las IES son fundamentales.

A la  Universidad  contemporánea se le pide   que sea no solamente formadora de recurso humano sino transformadora de sociedad. Debe interactuar con los agentes del desarrollo. Debe transferir conocimiento y estar articulada con la sociedad-

 La Educación Superior paso de ser una oportunidad para las elites sociales  a convertirse, cada vez más, en una aspiración de toda la sociedad, que se proyecta hacia la Universalización  y al concepto de derecho  real.  Nadie hoy discute este predicado, ni la necesidad de hacer realidad este  propósito. Se discute el cómo, que es muy diferente. Cuando se aprobó la ley 30 en Diciembre de 1992, la cobertura  era apenas  de alrededor de un 10%,  hoy  estamos, llegando a un 45 % y tenemos una meta próxima del 50%.

Está claro que la realidad  socioeconómica del país  obliga a que el estado subsidie,  si se quiere crecer la cobertura con equidad y con calidad;  un país con un 34.1 % de la población por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a la última medición,  lo requiere. Los per cápita esconden inequidades,  la distribución de la riqueza en Colombia tiene grandes desigualdades.

La dispersión Geográfica de la población ubica importantes segmentos de la población lejos de las ofertas de Educación Superior. Las brechas sociales entre regiones son abismales.

Los efectos del conflicto armado y de  violencia en términos del desplazamiento de población nos  obligan a enfocar la equidad social  de manera particular. No estamos en  Dinamarca.

La equidad ya no puede predicarse en abstracto. Lo regional, lo étnico, lo político, lo biológico, han ingresado a hacer parte del elenco.

 

Tampoco se puede crecer de cualquier manera, hay que hacerlo con calidad por un lado y con pertinencia,  o relevancia como también se le llama, por el otro.

La financiación puede moldear las ofertas y hacerlas más pertinentes para las necesidades del país. Ni el mercado, ni la cultura prevaleciente son  capaces de definir por sí mismas el capital humano que se requiere.

Los costos de la Educación Superior son definitivamente  crecientes: la calidad, la Investigación, la formación posgraduada a nivel  de Maestrías y Doctorados, la Internacionalización, el bilingüismo, la movilidad, la  actualización tecnológica, las TICS,  ETC, son  elementos ineludibles en el accionar universitario y determinantes de una buena formación.  Estos nuevos atributos que no contaban, al menos de manera tan contundente antes de la ley 30, hoy son insustituibles.

La retención de estudiantes se volvió fundamental, antes ni se medía,  se consideraba parte del proceso, que sobrevivieran los mejores era comúnmente aceptado. Hoy no solo se mide,    es un factor crítico de buen desempeño. Los planes de mejoramiento asociados cuestan dinero.

Las minorías sociales  y la población en discapacidad , no era preocupación de Estado, hoy cada vez más la Educación debe ser incluyente.

Estas nuevas responsabilidades y atributos cuestan y hay que financiarlas.

En Colombia la oferta está por igual repartida entre las IES públicas y las Privadas sin ánimo de lucro. Hay que fortalecerías ambas.

El ánimo de lucro quedo descartado en Colombia por decisión presidencial en el 2011, ello redobla la necesidad de que el Estado participe.

Pensamos que todos deben concurrir: estado central, el estado territorial, las familias los estudiantes, el sector privado. En vez de gratuidad que puede beneficiar al que no lo requiere más,  bien que nadie se quede por fuera si no tiene con qué pagar y  sostenerse.

Hay que financiar la oferta y también la demanda. Las transferencias directas del Estado, el crédito educativo, los subsidios  directos, los recursos  de fomento, las bolsas concursables,  las donaciones, las exenciones, entre otros ,  deben ser instrumentos a considerar.

Hay que planear el crecimiento, en Educación los resultados, son de largo plazo.

 

Hay que establecer un nuevo modelo de financiamiento que tome  en cuenta los costos crecientes y las metas del plan de desarrollo.

 Por el lado público hay desfinanciamiento estructural: Ley 30 , aunque fue pensada para el crecimiento término interpretada para mantener el STATU  QUO . El artículo 86, determinaba que hubiera siempre  un crecimiento en pesos constantes así fue en los 90, pero a partir  del 2000  se amarro al IPC, como resultado de una sentencia del  Consejo de Estado que determino que todo lo que recibieran las Universidades hacia base.

En Materia de inversión,  antes las Universidades recibían de manera directa los recursos, ahora la inversión se va para el MEN en su gran mayoría, y cuando se transfieren a las Universidades no hacen base presupuestal.

Solo hasta el año 2010  logramos, superar la restricción del IPC, con algunos pequeños recursos adicionales  a la base.

Las Universidades prácticamente   se congelaron  en lo que recibían en el año 93. Se tomó una fotografía y lo inercial determino el futuro  El resultado fue  una gran desproporción entre el crecimiento  de la matrícula  y el crecimiento de los recursos reales: 237%. Vs. 38%

Leyes, sentencias, decretos  aumentando los gastos de la Universidades sin compensación fue la característica de estos  20  años cumplidos de vigencia de la ley 30

Las  universidades hicieron grandes esfuerzos para aumentar  y conservar los, ingresos de matrícula, por generar recursos propios,  vía venta de servicios, al punto que hoy un 45 % de los, presupuestos de las Universidades provienen de este rubro.

El estado disminuyo su participación en los presupuestos  del 79% al 48%,

La  necesidad de buscar  recursos a veces desvía lo misional y  coloca las Universidades en riesgos legales y de reputación  toda vez que la opinión y los entes de control desconocen  el alcance de la autonomía Universitaria. Además los grupos de interés en la contratación pública se encargan en generar una atmósfera hostil hacia la participación de las Universidades en la consultoría y en la contratación con el Estado.

No hay margen a aumentar matrículas, la OCDE , reconoce que son altas en el lado público, comparándolas con otros países.    Hemos llegado a límites, empezamos a  experimentar deterioros crecientes.

Sistemas de contratación indeseables. Aumentos de catedráticos, congelación de plantas. Escasez de recursos  para formación de alto nivel.

No hay recursos  de inversión, la ley 30 no considero el escalamiento de la inversión  para el crecimiento; los amarró  a la misma fórmula del Índice de Precios al Consumidor. Los  índice de la canasta Universitaria crece muy por encima de la inflación.

Hay un gran atraso  en infraestructura, en cumplimiento de normas de Sismo resistencia,  en laboratorios, en redes, en bibliotecas, en seguridad, etc.

No se han cubierto adecuadamente las Nuevas necesidades de Bienestar, para la  población que llega con más carencias.

La matrícula no es la única, ni la más importante barrera; en muchos casos, el transporte, la  alimentación, la salud y el sostenimiento en general son  nugatorios del acceso y permanencia de los estudiantes.

Las Universidades del Estado  a través de una comisión de Vicerectores Administrativos y Financoeros  hicimos un análisis de la situación y elaboramos una cálculo de los recursos necesarios para funcionar con calidad y equidad. Se produjo el documento titulado: Des financiamiento de la Educación Superior.

El monto de los recursos estimados ascienden a la suma de

11.2 Billones: 1.327 Billones a la Base para gastos recurrentes Y  9.8 Billones inversión.

Le hemos presentado el estudio al Gobierno Nacional y actualmente estamos  trabajando en una comisión Interinstitucional con el Ministerio de Educación con Hacienda y con Planeación Nacional

Somos conscientes que las cifras ameritan  discusión y esperamos que de ella surjan  propuestas que nos llevan mejores condiciones de funcionamiento, adoptando buenas prácticas y corrigiendo lo que haya que corregir.

No le tememos a los indicadores,  hay que buscar la eficiencia y la transparencia.  Esperamos que de esta comisión salgan insumos que alimenten la política pública de financiación.

Hay grandes asimetrías entre las Universidades y las Instituciones Técnicas y Tecnológicas  en lo que reciben de recursos del Estado .También  la hay entre las mismas Universidades. Esto hay que afrontarlo y solucionarlo  a mediano y largo plazo. Sobre todo porque la formación Técnica y Tecnológica es condicionante del desarrollo.

Hay que ser eficiente con los recursos y transparente en la información a la sociedad.

 

Luis Enrique Arango